Intervención de España en la reunión de Naciones Unidas sobre el informe de la Comisión de Derecho Internacional

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Intervención de España en la reunión de Naciones Unidas sobre el informe de la Comisión de Derecho Internacional

69 PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

SEXTA COMISIÓN 

INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

PARTE II: Capítulos VI (La obligación de extraditar o juzgar, out dedere out judicare), VII (Los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en relación con la interpretación de los tratados), VIII (protección de la atmósfera) y IX (Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado) 

INTERVENCIÓN PRONUNCIADA POR EL PROFESOR

JOSÉ MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES

JEFE DE LA ASESORÍA JURÍDICA INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

Nueva York, 31 de octubre de 2014

 

Sr./Sra. Presidente/a,

Permítame comenzar mi intervención, en nombre de la delegación de España, felicitando a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) por la muy alta calidad de los trabajos realizados durante su 66 periodo de sesiones, muy particularmente en relación con la labor desplegada a propósito de los variados temas que conforman los capítulos VI a IX.

A la vista de la amplitud y complejidad de los cuatro temas objeto de consideración en esta segunda parte, nos limitaremos a ofrecer una valoración general de cada uno de ellos.

Capítulo VI

Sr./Sra. Presidente/a,

En relación con la obligación de extraditar o juzgar (aut dedere aut judicare), mi delegación se congratula de que la Comisión haya aprobado el informe final sobre el tema y haya decidido concluir el examen de la cuestión. Parece de justicia, por tanto, manifestar nuestro reconocimiento al presidente del Grupo de Trabajo, Sr. Kittichaisaree, y no olvidar tampoco la valiosa labor realizada por el anterior Relator Especial sobre el tema, Sr. Galicki.

No obstante, mi delegación mantiene la misma posición expuesta en años anteriores. La lucha contra la impunidad ante la comisión de los más graves crímenes contra la humanidad es, sin duda alguna, una labor irrenunciable de la comunidad internacional. No obstante, no terminamos de tener claro cuáles son las cuestiones a tratar en este tema ni tampoco su viabilidad y ello hace que sigamos albergando muy serias dudas al respecto. En concreto, tres son los motivos fundamentales que sustentan esta posición. En primer lugar, conviene tener presente que esta obligación opera de muy diferente forma en los diferentes regímenes convencionales, resultando extremadamente difícil su sistematización. En segundo lugar, existe aún una enorme indeterminación respecto a elementos fundamentales del tema, lo que no facilita precisamente la labor de fijar una posición clara. Y, en tercer lugar, existe un profundo desacuerdo incluso a propósito de si la obligación de extraditar o juzgar se ha convertido o no en una norma de Derecho Internacional consuetudinario, sea de carácter general o regional. Y, a este respecto, no creemos que del frecuentemente citado asunto de la Corte Internacional de Justicia Bélgica c. Senegal (12 de julio de 2012) pueda extraerse conclusión alguna. Antes al contrario, aún está por llegar la oportunidad para que la Corte determine si la obligación de extraditar o juzgar tiene o no tal estatus de Derecho Internacional consuetudinario.

Por último, en relación con esta capítulo más que con ningún otro, cabe traer a colación que cuando la CDI elabora conclusiones o directrices o una guía debe esforzarse de modo muy particular por dejar claro en todo momento si lo que está haciendo es codificar o realizar un desarrollo progresivo en la materia.

Capítulo VII

Sr./Sra. Presidente/a,

Por lo que concierne a los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en relación con la interpretación de los tratados, mi delegación desea felicitar efusivamente al Relator General, Sr. Nolte, por la importante labor realizada en su segundo informe, que nos merece la misma excelente valoración que en su momento expresamos sobre el primero. Sin duda, representa una gran contribución al estudio de la cuestión que se convierte en cita ineludible para cualquier estudioso de la materia. Sin embargo, como también ocurría con los cinco proyectos de conclusión aprobados provisionalmente el año pasado, creemos que la formulación de las conclusiones 6 a 10 ahora presentadas no terminan de estar a la altura del informe. En nuestra opinión, resultan en ocasiones excesivamente generales y vagas. Sería conveniente que fueran algo más precisas y,. a poder ser, con un contenido normativo suficiente. Querríamos, con todo, reconocer que el trabajo del Comité de Redacción ha logrado mejorar algunas de las posibles críticas que inicialmente nos merecían los originarios proyectos de conclusiones 6 a 11 antes de pasar por dicho Comité.

En todo caso, un buen ejemplo de la generalidad y vaguedad aludida es el proyecto de conclusión 6, relativa a la identificación de los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior, de claro contenido descriptivo. También el proyecto de conclusión 7, sobre posibles efectos de los acuerdos ulteriores y la práctica ulterior en la interpretación, resulta algo superficial y sigue dejando margen para ser mejorada. Especialmente en su apartado 3. También la cláusula 9.2 debería quizá ser analizada con mayor profundidad en lo relativo al silencio, ya que los acuerdos tácitos dependen mucho de las concretas circunstancias de cada caso particular. Con estas críticas no pretendemos, empero, entrar en la infructuosa discusión sobre si el trabajo de la Comisión en este tema debe ser descriptivo o normativo. Como ha firmado con razón Michael Wood, debe ser ambas cosas. En realidad, creemos que debe ser por encima de todo útil para la práctica.

Por otro lado, mi delegación considera que sería recomendable que la Comisión acometiera un más profundo estudio para lograr una adecuada definición del término ‘acuerdo de interpretación’ (interpretative agreement), ya que el artículo 31.3 de la Convención de Viena distingue claramente en sus apartados a) y b) entre interpretación y aplicación de un tratado. Por otro lado, el término ‘acuerdo’ empleado en el citado artículo 31.3 a) y b) alude a un concepto bien asentado en el Derecho Internacional que convendría distinguir de manera bastante más clara respecto de los instrumentos no vinculantes que son susceptibles de ser empleados como medios de interpretación a la luz del artículo 32. Nos parece que ambos preceptos, arts 31.3 y 32, deberían diferenciarse de manera mucho más clara a la realizada en el Informe.

Por último, no queremos pasar por alto la interesante (e ineludible) discusión a propósito de la diferenciación entre interpretación y modificación de un tratado. Coincidimos con el Relator Especial en que, como afirma en el apartado 116 de su Informe, “a menudo resulta ‘difícil’, si no imposible, trazar una línea divisoria entre la interpretación y la modificación de un tratado”. No ignoramos tampoco que el Derecho Internacional General no excluye que las partes de un tratado puedan crear Derecho consuetudinario a través de práctica ulterior si concurre opinio iuris; de hecho, la inexistencia de jerarquía de normas en Derecho Internacional respaldaría tal posibilidad. Con todo, creemos que conviene realizar un esfuerzo sistemático añadido por intentar mantener separados ambos procesos ya que las consecuencias jurídicas son diferentes y, en realidad, plantea la cuestión de la interacción entre los artículos 31.3 y 39 de la Convención de Viena. Es más, aunque efectivamente existan resoluciones arbitrales que planteen algunas dudas, creemos que la Corte Internacional de Justicia ha mantenido hasta el momento una posición clara (y prudente) a este respecto.

 

Capítulo VIII

Sr./Sra. Presidente/a.

A propósito de la protección de la atmósfera, mi delegación felicita al Relator Especial, Sr. Shinya Murase, por la presentación de su primer informe sobre un tema extraordinariamente complejo en el que concurren elementos diversos de carácter jurídico con otros de naturaleza política, técnica y hasta científica. Lógicamente dicho informe se limita en esta temprana fase del proceso de estudio a examinar el objetivo general del proyecto y a determinar la justificación de los trabajos sobre el tema, delimitar su ámbito general, identificar los conceptos básicos pertinentes y ofrecer las perspectivas y los enfoques que se podrían adoptar en este tema. Se han presentado también tres proyectos de directriz de carácter muy general.

Antes de nada, conviene recordar que esta VI Comisión expresó en su momento muy serias críticas a la viabilidad del tema. No en vano, la Comisión incluyó el tema en su programa de trabajo en el entendimiento de que no interfiera con negociaciones políticas relevantes, no se aborden sustancias específicas que sean objeto de negociaciones entre Estados (como el carbono negro o el ozono troposférico), queden fuera las cuestiones del espacio ultraterrestre y el resultado sea un proyecto de directrices. No es ahora momento de plantearnos si el entendimiento aprobado en 2013 es buen o mal precedente para la Comisión, si bien conviene recordar que su formulación se hizo en términos de cierta flexibilidad. Pero, a la luz del aludido entendimiento y de los primeros resultados ahora presentados, bien podemos preguntarnos si los problemas que conlleva la cuestión en sí misma y las limitaciones que se ha impuesto al Relator General dejan en realidad margen suficiente para que el tema resulte viable. Mi delegación mantiene sus dudas al respecto. En realidad, cabría incluso plantearse si el tema realmente encaja en las funciones de la CDI, ya que ésta no puede reemplazar la ausencia de consenso internacional suficiente para desarrollar jurídicamente una materia. Es cierto, no obstante, que la fragmentación derivada de los diferentes regímenes existentes puede dejar margen para identificar y sistematizar principios comunes.

A mayor abundamiento, por lo que concierne a este primer informe, el Relator Especial nos presenta un concepto sumamente atractivo desde un punto de vista académico, pero con un contenido normativo nada claro. La noción de ‘preocupación común de la humanidad’ es, a diferencia de lo que ocurre con el más asentado concepto de ‘patrimonio común’, una propuesta vaga, poco precisa y vacía de contenido jurídico preciso. Es, además, susceptible de interpretaciones jurídicas muy dispares. Es más, parece deducirse que de este concepto se derivarían obligaciones jurídicas sustantivas para los Estados para proteger la atmósfera más allá de la obvia obligación de cooperación internacional. De ser así habría que justificar tal afirmación con un estudio bastante más profundo y detallado. Así las cosas, quedamos a la espera de poder tener el segundo informe en el que se aborde el contenido de las responsabilidades de los Estados con respecto a la protección de la atmósfera, si bien nos permitiremos recordar la conveniencia de mantener un enfoque prudente.

Capítulo IX

Finalmente, en lo que se refiere a la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado, querríamos comenzar felicitando efusivamente a la Relatora General, nuestra compatriota y predecesora en el cargo Dña. Concepción Escobar Hernández, por el valioso, minucioso y concienzudo trabajo desarrollado en su en su tercer Informe. Sin duda, representa una relevante aportación a la definición del término ‘funcionario’ y a la determinación del alcance subjetivo de la inmunidad de jurisdicción ratione materiae, hecha de manera acertada con un enfoque analítico.

Ahora bien, la propuesta de definición de funcionario recogida en el artículo 2e es buen reflejo de la complejidad manifiesta del tema. Se trata de una noción tan necesaria para acotar el ámbito subjetivo de la inmunidad como difícil de enunciar. Existen, de entrada problemas terminológicos para encontrar en todos los idiomas la correspondencia pertinente del concepto de state official y, desde luego, tenemos dudas que al menos en español el término ‘funcionario del Estado’ sea del todo adecuado; como también las tenemos por cierto respecto a la versión francesa (“représentant de l’État”). Ello probablemente derive del hecho de que cada Estado tiene su propia definición de funcionario y de la inexistencia de un concepto de funcionario en el Derecho Internacional. En segundo lugar, la definición combina los enfoques representativo (“individuo que representa al Estado”) y funcional (“o que ejerce funciones estatales”). No entraremos en la controversia a propósito de si lo básico sería el tipo de acto y no la persona que lo realiza, aunque es una reflexión a tener en cuenta. Pero consideramos que, sin salirnos de la lógica argumental mantenida por la Relatora Especial, la determinación del vínculo específico del individuo con el Estado podría necesitar mayor concreción. Este vínculo ciertamente puede admitir, como se propone, que la referencia a la expresión “que representa al Estado” se pueda entender en sentido amplio. Pero dicho vínculo no puede en modo alguno ser interpretado de manera tan extensa que termine por dar cobertura a todos los funcionarios de facto. En este mismo orden de cosas, a nuestro entender la referencia al ejercicio de ‘funciones estatales’ resulta también excesivamente imprecisa y abierta. Y, de hecho, perviven buen número de dudas. Permítaseme expresar a título de mero ejemplo tres de ellas. ¿Se aplica también a funcionarios de entidades federales que representan a su gobierno regional en el exterior? ¿Se puede llegar a aplicar en algún caso a empleados de organismos privados al servicio del Estado?¿No hay elementos suficientes en la práctica (al menos en algunos Estados) para poder considerar en algún caso concreto la inmunidad de personas jurídicas?

Igualmente, por idénticos motivos a los expresados a propósito del artículo 2e, nos parece también mejorable la formulación dada al proyecto de artículo 5. Compartimos la consideración de que no resulta posible elaborar una lista de los beneficiarios de la inmunidad ratione materiae, por lo que deberán ser identificados caso por caso mediante los criterios fijados en el recién aludido artículo 2e. El problema radica precisamente en la excesiva indeterminación de esos criterios y, por ende, también del proyecto de artículo 5.

En todo caso, esperamos con gran interés el desarrollo del ambicioso programa anunciado por la Relatora General y muy en concreto el informe del próximo año a propósito del delicado tema de las excepciones.

Muchas gracias, Sr./Sra. Presidente/a.

By | 2017-01-07T16:43:06+00:00 octubre 31st, 2014|Discursos, España en la ONU|Comentarios desactivados en Intervención de España en la reunión de Naciones Unidas sobre el informe de la Comisión de Derecho Internacional

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